Multas a empresas: ¿qué cambió con el Decreto 377/2026?

El Decreto 377/2026, publicado el 22 de mayo de 2026, modificó la reglamentación de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor e incorporó un beneficio para los proveedores sancionados: la posibilidad de obtener una reducción del 50% en el monto de las multas, siempre que cumplan determinadas condiciones.

Esta medida busca facilitar el pago voluntario de las sanciones y reducir los procedimientos administrativos y judiciales, sin modificar los derechos de las personas consumidoras.

¿En qué consiste el beneficio?

La normativa permite que una empresa sancionada por infringir la Ley de Defensa del Consumidor abone el 50% de la multa impuesta, siempre que acepte la sanción y efectúe el pago dentro del plazo establecido.

El beneficio se aplica a las multas comprendidas en el procedimiento sancionatorio nacional previsto por la Ley 24.240.

¿Qué condiciones debe cumplir la empresa?

Para acceder a la reducción, el proveedor sancionado debe cumplir con los siguientes requisitos:

  • Aceptar la sanción: consentir la resolución administrativa que establece la multa.
  • Pagar dentro del plazo: abonar el importe correspondiente dentro de los 10 días hábiles posteriores a la notificación.
  • No recurrir la resolución: si presenta un recurso contra la sanción dentro de ese plazo, pierde el beneficio de reducción.

El cumplimiento de estas condiciones permite acceder al descuento previsto por el decreto.

¿Existe un monto mínimo para las multas?

Sí. La reducción del 50% tiene un límite: el importe final nunca puede ser inferior al mínimo legal establecido en el artículo 47, inciso b), de la Ley 24.240.

Ese mínimo equivale a 0,5 Canastas Básicas Totales para el Hogar 3, según los valores publicados por el INDEC.

Esto significa que, aunque una empresa cumpla con todos los requisitos, el descuento no puede reducir la sanción por debajo del piso previsto por la ley.

¿Qué sucede con los derechos del consumidor?

La modificación afecta exclusivamente al régimen de pago de las multas administrativas y no elimina ni reduce los derechos de las personas consumidoras.

Ante el incumplimiento de una empresa, los consumidores pueden continuar reclamando, según corresponda:

  • Devolución del dinero: cuando la normativa reconoce el derecho al reintegro.
  • Cambio del producto: frente a situaciones contempladas por las garantías legales.
  • Reparación del daño: cuando el incumplimiento genera perjuicios.
  • Indemnización: mediante los mecanismos de conciliación o las vías judiciales correspondientes.

Es importante distinguir que la multa administrativa y el reclamo del consumidor son cuestiones diferentes. La primera constituye una sanción impuesta por el Estado, mientras que el segundo busca obtener una solución o reparación frente a un incumplimiento.

¿Por qué es importante conocer esta modificación?

El Decreto 377/2026 incorpora un mecanismo para incentivar el pago de multas y agilizar la resolución de procedimientos sancionatorios.

Sin embargo, el beneficio económico otorgado a las empresas no implica una reducción de sus obligaciones frente a los consumidores.

Aunque una empresa sancionada pueda pagar menos por una multa, las personas consumidoras conservan su derecho a reclamar y exigir el cumplimiento de la ley.

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